** Productores ganaderos cuestionan la Represa de Casupá: entre la polarización y el legado artiguista **

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La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) ha emitido un pronunciamiento crítico sobre la Represa de Casupá, el proyecto gubernamental destinado a asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana. Según la entidad, no existen las «garantías técnicas, sociales y ambientales adecuadas» para proceder con una obra de esta magnitud.

Esta organización de productores, presidida por Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, manifestó que sus objeciones no se limitan a la esfera legal, sino que abarcan, fundamentalmente, «las implicaciones humanas, productivas y ambientales» del emprendimiento. Si bien reconocen el imperativo constitucional del Estado de satisfacer una necesidad básica de la población, insisten en que esto debe hacerse «considerando de manera responsable a los afectados, al entorno natural y acatando el marco legal vigente».

En un comunicado remitido a El Observador este jueves 23 de julio, AUGAP expresó su pesar por la elevada «polarización política» que ha teñido el debate público sobre las distintas opciones para el abastecimiento hídrico, dificultando una «discusión serena basada en evidencia técnica». Por ello, demanda una «apertura nacional» para analizar todas las alternativas posibles y seleccionar aquella que «genere menos perjuicios a los damnificados y respete nuestros recursos naturales».

La inquietud de los productores no se centra exclusivamente en la Represa de Casupá, sino que se extiende al proyecto Arazatí, aún en fase de estudio. Argumentan que la concreción de la obra en Casupá provocaría un «cambio profundo en el modelo productivo de la zona», alterando significativamente el «equilibrio forjado con esfuerzo, arraigo y responsabilidad a lo largo de décadas».

El debate en torno a Casupá, advierten, no debería enfocarse únicamente en la necesidad de una infraestructura, sino que «debe invitarnos a reflexionar sobre el costo ambiental, social y ético de las decisiones que adoptamos».

Se especificó que, de avanzar el proyecto, se inundarían aproximadamente 3.000 hectáreas de campo natural y se arrasarían 430 hectáreas de monte nativo en las Serranías del Este. Estos ecosistemas, destacan, «tardaron siglos en desarrollarse, con complejas interacciones entre flora, fauna, suelos y cursos de agua que no pueden simplemente reubicarse como piezas de un rompecabezas».

Entre otras reflexiones, AUGAP considera «especialmente relevante» que un proyecto de esta envergadura sea analizado con el «máximo rigor ambiental». Esto se debe a que Uruguay ha forjado durante décadas una «imagen internacional sustentada en la conservación de sus recursos naturales, en particular del monte nativo».

Además, anticipan que «se verían comprometidas comunidades rurales activas, más de 80 familias que han trabajado estas tierras durante cuatro, cinco y hasta seis generaciones», sosteniendo la producción, el tejido social y la vida comunitaria. «Detrás de cada propiedad a inundar hay historias, familias, estilos de vida, lazos con el territorio y una identidad construida a lo largo de generaciones», enfatizan.

Añaden que se trata de un «territorio con una historia rural enraizada en el ideario artiguista, donde la tierra no es solo un activo económico, sino una parte fundamental de nuestra identidad».

Finalmente, la organización expresó su expectativa de que las «autoridades competentes demuestren la disposición y cuenten con los elementos necesarios para ponderar estos aspectos con la profundidad y ecuanimidad que la situación exige». AUGAP ratificó su compromiso de «acompañar a las familias ganaderas afectadas, defendiendo el trabajo, la producción respetuosa de nuestros recursos naturales, el arraigo rural y el desarrollo sostenible del país».

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