ARU objeta limitaciones en cuenca del Santa Lucía que colisionan con el impulso de crecimiento del presidente Orsi

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), reiteró la importancia económica de la cuenca del río Santa Lucía y señaló el error de imponerle restricciones a la actividad productiva. La ARU ha fundamentado su postura en datos del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Federación Uruguaya de Grupos CREA, indicando que la región genera aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. Por ello, la gremial considera contraproducente establecer limitaciones al uso de insumos agrícolas en esta área.

«Aunque las cifras han sido motivo de debate, lo verdaderamente alarmante es la toma de decisiones sin una evaluación clara de sus repercusiones en la producción», sostuvo Ferber. Estas declaraciones fueron hechas durante el lanzamiento de la 15.ª Expo Rural de Melilla, evento que se desarrollará del 16 al 19 de abril.

El dirigente gremial abordó la complejidad de la situación hídrica, reconociendo la lógica de priorizar el consumo humano, pero criticó que, a la par, el Estado haya implementado «restricciones muy severas» que afectan directamente la labor productiva. En un encuentro empresarial previo, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Ferber ya había cuestionado aspectos del proyecto Casupá, específicamente el aumento del control sobre la aplicación de nutrientes y plaguicidas, advirtiendo que esto resultaría en una reducción de la producción. «Nadie emplea nutrientes ni maneja fitosanitarios con la intención de limitar su producción», enfatizó.

En aquel momento, Ferber calculó que la cuenca del Santa Lucía representa el 28% del PIB agropecuario, equivalentes a 1.500 millones de dólares anuales, por lo que una disminución del 10% en su rendimiento debido a las limitaciones proyectadas significaría una pérdida de 150 millones de dólares al año. Esta cifra fue disputada por Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA), quien la calificó de «errónea» y «exagerada» según reportes periodísticos.

Sin embargo, Ferber reafirmó la importancia del dato, ya sea un 25% o un 28%, por tratarse de una cantidad significativa. «Actualmente no observamos que el Ministerio de Ambiente posea estimaciones concretas sobre este impacto; de existir, sería crucial que se hicieran públicas», manifestó. Asimismo, expresó preocupación ante la noción de que las medidas ya están operativas y no generan efectos, cuando en la práctica «no existe un control completo». Advirtió que, de aplicarse estrictamente estos controles —en especial sobre fitosanitarios y nutrientes—, se reduciría su utilización y, por ende, la producción. Esto, según Ferber, no solo perjudica a los productores, sino a toda la cadena de valor: transporte, servicios, maquinaria y empleo. «Son actividades y fuentes de trabajo que dejan de generarse a causa de estas restricciones», puntualizó.

Ferber vinculó esta problemática con el discurso presidencial, argumentando que el tema debe analizarse dentro de una estrategia de crecimiento. «El propio presidente de la República, Yamandú Orsi, ha planteado la necesidad de expandirse para afrontar los retos sociales, y en ese contexto, el sector agropecuario es fundamental, dado que representa el 78% de las exportaciones de bienes. Por lo tanto, consideramos que no es factible promover ese crecimiento excluyendo una porción tan relevante de la producción nacional», concluyó el titular de la ARU.

En el mencionado evento de la ADM, Ferber ya había destacado que el desarrollo social del país está intrínsecamente ligado al éxito del sector productivo, que hoy totaliza 10.500 millones de dólares en exportaciones de bienes. En esa instancia, delineó una estrategia basada en tres pilares: la evolución del uso del suelo, la ganadería de carne y la situación de la cuenca del Santa Lucía.

En cuanto al uso del suelo, el dirigente apuntó a un potencial de crecimiento de 2.000 millones de dólares adicionales si se orientan correctamente los incentivos, impulsando la expansión de áreas destinadas a forestación, agricultura y pasturas artificiales, transformando tierras de menor productividad en sistemas más intensivos y eficientes. Respecto a la ganadería de carne, mencionó el récord de exportaciones bovinas en 2025, con ingresos promedio en los niveles más altos de las últimas décadas. Defendió la exportación de ganado en pie como «herramienta esencial» y «regulador» para garantizar la libre competencia y precios justos para los productores.

Finalmente, reiteró su profunda inquietud por la cuenca del Santa Lucía, una zona de 1,3 millones de hectáreas donde el 71% se dedica a la ganadería y lechería, aportando el 28% del PIB agropecuario. Las restricciones ambientales del Proyecto Casupá, como las zonas de exclusión de hasta 100 metros donde se prohíbe el laboreo y uso de agroquímicos, sumadas a la suspensión de nuevas inversiones en engorde a corral, representan un «fuerte desestímulo» que limita los rendimientos. Insistió en que una merma del 10% en la producción de la cuenca se traduciría en una pérdida de 150 millones de dólares.

Como alternativa, la ARU propuso considerar la opción de Juan Lacaze, que podría estar operativa en tres años sin mermar la capacidad productiva regional. Según los cálculos de la gremial, si se anularan las actuales restricciones, el incremento de la actividad permitiría cubrir el costo de llevar agua desde Juan Lacaze en apenas cinco años, transformando un escenario de limitaciones en una oportunidad de crecimiento sostenible.

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