Caja de Profesionales recurrirá decreto del Ejecutivo que anula timbres en consultas médicas

Fernando Rodríguez Sanguinetti, vicepresidente de la Caja de Profesionales, anunció que la institución impugnará el reciente decreto del Poder Ejecutivo que deroga el cobro de timbres profesionales en las consultas médicas. El directivo lamentó la situación, argumentando que la exención de este gravamen en el sector de la salud debió implementarse mediante una ley y no a través de un simple decreto. «Lamentablemente, lo vamos a impugnar; hubiéramos preferido negociar», expresó.

Rodríguez Sanguinetti recordó que la resolución original de la Caja data de hace un mes y medio, periodo durante el cual se intentó establecer contacto con el Poder Ejecutivo. Aunque se ha confirmado una próxima reunión con las autoridades gubernamentales, el vicepresidente aseguró que la Caja acudirá con un firme espíritu de diálogo en busca de soluciones concertadas.

El plazo para la presentación de la impugnación es de diez días a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial. El equipo jurídico de la Caja, con el respaldo de asesores externos, ya está trabajando en la redacción del documento correspondiente. «Estamos convencidos de que es legal y que es obligación del Directorio de la Caja cobrarlos y aplicar la ley», afirmó Rodríguez Sanguinetti, enfatizando que están actuando en conformidad con la legislación aprobada por el Parlamento y que, en su momento, fue propuesta por el propio Poder Ejecutivo.

En el marco de esta discusión sobre sus ingresos, la Caja de Profesionales ha planteado diversas alternativas para asegurar su sostenibilidad. Entre ellas, se considera destinar una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los profesionales a la institución. El vicepresidente también cuestionó el destino del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que aportan los profesionales universitarios jubilados, señalando que este se dirige al BPS en lugar de a la Caja de Profesionales. Otras propuestas incluyen la incorporación de 50 nuevas profesiones a la base de aportantes y la obligación de contribuir a la Caja para todos los nuevos profesionales, sin importar su condición de dependientes o independientes.

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