Arroz uruguayo: La sostenibilidad emerge como estrategia central ante un escenario adverso de altos costos y precios bajos.

Enfrentando un período desafiante marcado por elevados costos de producción y la depreciación de los precios en el mercado, los productores de arroz de Uruguay están activamente buscando respaldo financiero. La situación ya ha provocado una reducción de casi el 10% en la superficie cultivada para la zafra más reciente. (6 de julio de 2026, 5:00 hs, por Blasina y Asociados)

La merma en los precios del arroz ha puesto en jaque a productores a nivel global, no solo en Uruguay. La superficie destinada a este cultivo disminuye en diversos continentes. Una señal contundente proviene del sector de grano largo, donde Uruguay es un actor relevante: en 2026, Estados Unidos experimentó una caída del 28% en su siembra respecto al año previo, marcando la menor extensión desde 1972. En Arkansas, estado que aporta más de un tercio de la producción arrocera estadounidense, la reducción fue aún mayor, alcanzando el 34%, al pasar de 520 mil a poco más de 340 mil hectáreas. Esta situación llevó a Riceland Foods, una de las cooperativas más grandes del país, a clausurar parte de sus secadoras por falta de volumen. Este escenario global subraya que, con los precios actuales, incluso algunos de los cultivadores más avanzados tecnológicamente a nivel mundial luchan por mantener la rentabilidad. Otros países también han visto retracción: Australia disminuyó su superficie un 20% debido a la escasez de agua para riego y los bajos precios. Argentina redujo un 12%, con la provincia líder, Entre Ríos, cayendo cerca del 13%, y con advertencias gremiales de que una cuarta parte de sus productores podrían abandonar el cultivo. Uruguay no es ajeno a esta tendencia, registrando 165.554 hectáreas en la zafra 2025/26, lo que representa una baja del 9,5% respecto al ciclo anterior. Aunque la situación global no es un alivio, la estrategia uruguaya busca que su área se contraiga a un ritmo menor que el de otros países. Esto se apoya en dos pilares: la elevada productividad y la creciente certificación de la sostenibilidad del arroz local. A diferencia de la tendencia general de reducción entre los grandes exportadores, Uruguay lo hace a una velocidad que no supera la mitad de la observada a nivel mundial (que oscila entre 12% y 28% según el origen).

Los inventarios mundiales de arroz han alcanzado un volumen sin precedentes de 187 millones de toneladas, principalmente en la India y China. En consecuencia, los valores de referencia internacionales, como el del arroz tailandés o el índice de cereales de la FAO, se encuentran en sus niveles más bajos desde 2017. Sin embargo, existe una expectativa de cambio: el fenómeno de El Niño, que se intensifica, representa una seria amenaza para las cosechas asiáticas. Esta situación, sumada a la disminución global del área de siembra, podría impulsar un repunte en los precios, beneficiando a quienes mantengan su producción. Esta perspectiva, no obstante, conlleva riesgos. La recuperación de los precios internacionales ha sido incipiente hasta ahora, como se observa en Brasil. A pesar de esto, la senda de la sostenibilidad, aunque no garantice una mejora inmediata de los precios, sí potencia significativamente la agilidad de la comercialización, particularmente en mercados de alto valor que están abriendo sus puertas.

Un hito importante para el sector fue la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) el 17 de enero de 2026 en Asunción, cuya aplicación provisional comenzó el 1° de mayo. Este pacto concede una cuota de 60.000 toneladas de arroz libre de aranceles, que se implementará progresivamente en cinco años con aumentos anuales de 10.000 toneladas. Durante el primer año de vigencia parcial, la cuota asignada fue de solo 6.667 toneladas, las cuales se agotaron rápidamente, operando bajo un principio de «primero en llegar, primero en ser servido». Uruguay logró asegurar el 63% de este cupo inicial, principalmente por ser el único miembro del Mercosur que cumple cabalmente con las exigencias sanitarias de la UE. El beneficio arancelario es considerable, eliminando tasas de entre 40% y 45% sobre el valor del producto, uno de los aranceles más elevados para las exportaciones uruguayas. Dada la mínima participación previa de Europa (6% o 7% del arroz uruguayo) y el vasto mercado de 450 millones de consumidores que representa, se vislumbra un potencial de crecimiento significativo, aunque la distribución definitiva de la cuota entre los países del Mercosur aún está pendiente.

Simultáneamente al acuerdo comercial, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) está impulsando un programa piloto de certificación bajo el estándar de la Sustainable Rice Platform (SRP), pionero a nivel mundial como norma voluntaria de sostenibilidad para el arroz. En marzo de 2026, expertos de la producción, la industria y la investigación (incluyendo al INIA) participaron en Treinta y Tres de la primera capacitación presencial regional sobre esta norma, facilitada por el verificador internacional Preferred by Nature. Importantes molinos como COOPAR, Casarone y SAMAN ya han obtenido la certificación o están en proceso. Actualmente, aproximadamente 30.000 hectáreas arroceras uruguayas, cerca de una sexta parte del total nacional, ya cuentan con el sello SRP. Si bien aún no se traduce en un sobreprecio, su relevancia es innegable. Daniel Gonnet, de la Gremial de Molinos Arroceros, enfatizó que esta certificación se está convirtiendo progresivamente en un requisito indispensable para acceder a determinados mercados de alto valor y, una vez allí, en un factor clave de diferenciación. Este concepto fue unánimemente respaldado en el segundo seminario sobre Sostenibilidad en arroz, celebrado en INIA Treinta y Tres. La certificación, por ende, funciona como una puerta de entrada, permitiendo a Uruguay posicionarse ventajosamente frente a sus competidores en estos mercados.

El estándar SRP no solo representa una matriz de organización productiva, sino que establece 41 requisitos de gestión y 12 indicadores de rendimiento, abarcando desde la rentabilidad hasta la calidad del agua, el uso de nutrientes, las emisiones y los aspectos sociales, como el cumplimiento laboral. Si bien implica ciertos trámites administrativos, también optimiza los procesos. Gracias a las ventajas ambientales inherentes a Uruguay, su implementación no exige modificaciones drásticas en los sistemas productivos, sino que se alinea con la productividad. Un ejemplo es el reducido uso de nitrógeno en la fertilización, notable al considerar los casi 10.000 kilos producidos por hectárea. El arroz uruguayo se distingue por un bajo aporte de nitrógeno por tonelada, y la optimización de sus fuentes mejora aún más su posición. Este sistema sistematiza decenas de variables de manejo. Esta característica dota a Uruguay de una ventaja competitiva difícil de igualar por otros exportadores regionales, similar a lo que ocurre con la carne vacuna: una oferta exportable consistente, rastreable y validada por terceros. Esto cobra especial relevancia en un contexto donde los principales competidores del Mercosur reducen su producción y la demanda global creciente exige pruebas concretas de una producción alimentaria responsable. La conjunción de factores como el arancel cero hacia un mercado de 450 millones de personas, el cumplimiento sanitario que lo distingue dentro del Mercosur, y la implementación de un estándar de sostenibilidad con el aval del INIA, no garantiza un aumento inmediato del precio del arroz. Sin embargo, si los competidores continúan reduciendo su área de siembra a la tasa actual, Uruguay se posiciona de manera única: como un país que, ante la futura necesidad global de arroz, será de los pocos capaces de resistir, mantener su superficie cultivada y afianzarse como un proveedor no solo de mayor calidad, sino también de oferta más fiable. Adicionalmente, esta posición atrae a inversores que valoran la seriedad y la diferenciación, como lo demuestra el importante acuerdo alcanzado con el gigante australiano Sun Rice, que busca producir en Uruguay con sus variedades, logística y marca, aprovechando la disponibilidad y el manejo del agua, un recurso cada vez más escaso en su país de origen debido al cambio climático. Este caso es un claro testimonio de la potente sinergia entre la protección del medio ambiente y la competitividad, tanto en épocas de bonanza como, crucialmente, en tiempos difíciles.

Los productores, reunidos en la asamblea de la ACA el pasado viernes 26 de junio, manifestaron que la inestabilidad internacional expone al sector a costos que comprometen gravemente su viabilidad, debido a la falta de competitividad del país. Con un costo de US$ 2.100 por hectárea, el punto de equilibrio de rendimiento es inalcanzable con los precios actuales. La cotización de exportación sufrió una caída interanual superior al 40% (pasando de US$ 700 a US$ 450 por tonelada), lo que resultó en un precio provisorio para el productor de US$ 9,10 por bolsa (equivalente a US$ 182 por tonelada), incluyendo devolución de impuestos. Este valor, el más bajo en siete años y un 13% inferior al precio definitivo de US$ 10,50 de la zafra previa, representa un enorme desafío para la próxima siembra. Entre las estrategias de resistencia, se encuentra una gestión cuidadosa de las exportaciones. El presidente de la ACA, Guillermo O’Brien, indicó que el precio se pactó con el 34% de la cosecha ya comercializada, un porcentaje similar al del año anterior y por debajo del habitual 40% a 45%, dejando el 65% restante en espera de una mejora en los precios durante el segundo semestre, luego de tocar fondo en febrero y marzo. Diego Nicola, presidente de la Gremial de Molinos Arroceros, confirmó que el mercado muestra signos de fortalecimiento y que no ha habido premura por vender; de hecho, al inicio de la zafra, se evitó convalidar algunos negocios de arroz cáscara apostando a una consolidación de precios. La dinámica de ventas de este año también ha variado, con una reducción en la proporción de arroz cáscara y un incremento en el volumen de arroz procesado. Las Aduanas registran que el precio de la tonelada de arroz procesado en Uruguay repuntó un 13% entre marzo y junio, pasando de US$ 445 a US$ 502. Mientras el arroz vietnamita subió un 17% desde su mínimo de marzo y el tailandés un 25%, la referencia estadounidense se mantuvo estable en US$ 550 por tonelada. En este escenario de expectativa por una subida gradual de precios en el segundo semestre para reactivar las exportaciones, el titular de la Gremial de Molinos señaló «varias señales alcistas», como la menor producción en EE.UU., Centroamérica y el Mercosur, y los efectos de El Niño en Asia (menores lluvias, demoras en siembras, expectativas de baja producción). O’Brien recordó que el «efecto precio en los años Niño ha sido por demás saludable» históricamente, aunque conlleva un riesgo productivo para Uruguay. A esto se suman perturbaciones logísticas y de mercado en Medio Oriente, como Irán, debido a conflictos bélicos y la situación en el Estrecho de Ormuz. Los destinos principales se mantienen: México (161 mil toneladas), Unión Europea (113 mil) y Brasil (105 mil). Una novedad es el envío de más de 20 mil toneladas de arroz cargo a Turquía, un mercado ausente la campaña anterior. También se proyectan embarques de arroz cargo hacia Panamá, Costa Rica y Venezuela.

Durante la Asamblea en la que se estableció el precio provisorio, la ACA tachó de «inadmisible» la proyección de costos industriales presentada por los cuatro molinos asociados al sistema de precio convenio. Dicha estimación reflejaba un incremento del 11% al 12% en comparación con la zafra anterior. Los molinos atribuyen este aumento principalmente a la escalada de componentes clave como fletes, energía, combustibles, costos laborales, un tipo de cambio desfavorable, tarifas portuarias y los recargos resultantes de las anomalías logísticas que inciden en las exportaciones. La ACA, en un comunicado, expresó su «incertidumbre sobre el interés del sector industrial, la Gremial de Molinos, en mantener el sistema de precio convenio», una declaración que causó asombro entre los molinos al no haberse abordado previamente en las discusiones de la cadena. Guillermo O’Brien, en declaraciones a Tiempo de Cambio de Radio Rural, instó a una «economía de guerra» para reducir esos costos y demandó que «la estructura industrial debe adaptarse», lo que podría implicar «medidas drásticas y extraordinarias: despidos de personal, cierre de alguna planta». Por su parte, Diego Nicola afirmó que la reducción de costos y la optimización de la gestión son objeto de análisis continuo por parte de las industrias.

Simultáneamente, el sector está gestionando una nueva herramienta financiera, iniciativa de los propios productores, que consistiría en un crédito puente de aproximadamente US$ 80 millones. Este esquema ofrecería préstamos de hasta US$ 500 por hectárea, con plazos de repago de 7 a 10 años, y contemplaría un aporte para la creación de un fondo solidario. Se estima que los fondos estarían disponibles recién en primavera, a tiempo para la siembra. No obstante, una confirmación política permitiría a productores e industria anticipar la planificación. El propósito es que este instrumento financiero fortalezca las finanzas del sector, facilite la siembra de primavera y atenúe la posible reducción de la superficie cultivada, lo cual agudizaría la presión sobre los costos fijos al disminuir el volumen de producción. Cabe destacar que el BROU, en los últimos días, también ha comunicado medidas de apoyo, incluyendo la reestructuración de deudas.

Fuente: Enlace Original